¿Porqué una póliza de D&O?
Hoy en día, los Administradores de cualquier entidad tienen un trabajo muy complejo y lleno de retos. Se enfrentan continuamente a decisiones difíciles y su gestión es objeto de análisis por todas las partes interesadas: accionistas, socios, protectorado, empleados, clientes, proveedores…Cualquier administrador, ya sea ejecutivo o no ejecutivo, de hecho o derecho, puede exponerse a responsabilidades civiles o penales relacionadas con:

    • Mala gestión del patrimonio de la entidad
    • Competencia desleal
    • Falta de supervisión
    • Mala decisión en la adquisición o venta de activos o entidades
    • Falta de diligencia en la realización de estudios de mercado (siempre y cuando esta no sea la actividad de la sociedad)
    • Fusiones y Adquisiciones
    • Excesiva o deficiente diversificación (en productos, líneas de negocio, mercados, etc.).
    • Excesivas o deficientes inversiones en I+D.
    • Información incompleta o incorrecta (a inversores, clientes, accionistas, socios, entidades supervisoras…..).
    • Desvío de la estrategia marcada.
    • Falta de diligencia en la investigación y aprobación de proyectos empresariales.
    • Diversificación, contratos, adquisiciones, nuevos socios, expansión a otros mercados, cambios accionariales, problemas de sucesión, grandes préstamos/líneas de financiación, cambios de estrategia, etc. Todas estas situaciones con las que se encuentra el administrador en su gestión diaria, pueden generar reclamaciones contra administradores que se materializan en costosos procesos que tienen cada vez mayor frecuencia e intensidad, incluso en el ámbito de las Pymes, Fundaciones, Cooperativas o incluso Asociaciones.

¿Solo afecta a Administradores, Directivos y Altos Cargos de Sociedades Anónimas?
Un Administrador/Alto Cargo debe conocer el cada vez más complejo entramado legal que regula sus deberes y responsabilidades. Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Transparencia, Ley Concursal, Ley de Mercado de Valores…. A ellas hay que añadir además todas las normas vigentes en otros países y que tienen su especial relevancia cuando la actividad de la sociedad se extiende más allá de nuestras fronteras.
Pero la legislación no sólo contempla a los administradores y directivos de Sociedades Anónimas, sino que la legislación específica de cada tipo de entidad contempla la responsabilidad de los administradores de dichas entidades ya sean Cooperativas, Fundaciones, Asociaciones, Cámaras de Comercio o Mutualidades de Previsión Social.
Siendo también de aplicación a cualquier tipo de entidad la nueva Ley Concursal y la responsabilidad que la misma Ley imputa a los administradores y directivos de cualquier tipo de entidad.

¿Quién responde a las reclamaciones? ¿La empresa o el Administrador/Alto Cargo?
El entorno en el que actúa un administrador es cada vez más complicado: los accionistas y socios son más exigentes, los deberes inherentes al cargo son más estrictos, aumentan los riesgos asociados a la globalización, se endurecen las normas de gobierno corporativo… Por todo ello, y hoy más que nunca, los administradores y directivos se enfrentan a una mayor probabilidad de sufrir una reclamación o una investigación como consecuencia de sus acciones o decisiones, a las que tienen que hacer frente con su propio patrimonio.

El administrador responde personalmente con su propio patrimonio por los daños a la sociedad, accionistas, socios, clientes, acreedores, empleados, etc., no solo por sus propios actos, sino que además pueden ser legalmente responsables por los actos cometidos por otro miembro del órgano de gobierno si no ha tomado las medidas previstas por la ley para exonerar su responsabilidad.

Adicionalmente, este régimen de responsabilidad establecido en la Ley de Sociedades Anónimas (aplicable también a Sociedades Limitadas y otro tipo de entidades) incluye otros elementos que agravan además la responsabilidad de administradores y directivos de sociedades:

  • El principio de solidaridad de todos los miembros del órgano de gobierno.
  • Los difíciles requisitos legales de exoneración de responsabilidad.
  • La inversión de la carga de la prueba.
  • El deber de fidelidad, lealtad y secreto.
  • La extensión del régimen de responsabilidad al administrador de hecho.

Dicha legislación es de aplicación a otro tipo de entidades como son las Mutualidades de Previsión Social y en otros casos como en Fundaciones y Asociaciones, en los que sus legislaciones específicas han tomado el mismo régimen de responsabilidad para sus administradores.

Las consecuencias de estas reclamaciones – gastos de defensa o indemnización- pueden ser muy elevados, y para evitar poner en riesgo su patrimonio personal, todo administrador debería estar protegido por una póliza de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos.

Es necesaria una protección
En esta dinámica empresarial y con la incertidumbre y la gravedad del régimen legal existente, se ha hecho prácticamente imprescindible en los últimos años la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos. Una póliza que proporcione al equipo gestor la protección necesaria en este terreno, permitiendo así a los gestores desempeñar su labor con la tranquilidad de no estar arriesgando en ello su propio patrimonio personal.

¿Quién hace el seguro?
Dada la imposibilidad de que los propios gestores puedan hacer frente a título personal a las demandas millonarias derivadas de este tipo de responsabilidad, se está convirtiendo en práctica común que los administradores y directivos exijan a la entidad la contratación de un seguro de este tipo.

Este hecho es más acusado y necesario en ciertos tipos de entidades, donde sus administradores no reciben ningún tipo de remuneración por ejercer su cargo (Fundaciones, Asociaciones, Cooperativas, etc.), por lo que al menos deberían solicitar a la entidad la contratación de una póliza de seguros de R.C. de administradores.

Adicionalmente, y dado que esta póliza la suscribe la entidad para proteger a su personal directivo, también se ha utilizado como incentivo y elemento de peso en la retención o contratación de personal directivo, debido a la importancia significativa que una protección de este tipo tiene sobre el patrimonio personal del administrador. Dicha legislación es de aplicación a otro tipo de entidades como son las Mutualidades de Previsión Social y en otros casos como en Fundaciones y Asociaciones, en los que sus legislaciones específicas han tomado el mismo régimen de responsabilidad para sus administradores.

¿Cuál es el objeto de la cobertura?
Los Gastos de defensa y la posible indemnización como consecuencia de reclamaciones cubiertas que sean formuladas contra la Persona Asegurada durante la vigencia de la póliza y que tengan su causa en un acto incorrecto del Asegurado en el desempeño de su cargo.

¿Qué se entiende por un acto incorrecto?
Cualquier acto realizado sin la diligencia exigible o contrario a la ley o contrario a los estatutos sociales.

¿Se cubren las reclamaciones en la vía penal?
Se adelantan los gastos de defensa hasta que se demuestre la culpabilidad del asegurado, y siempre y cuando no haya ninguna otra exclusión aplicable.

¿Qué no se garantiza?
Dolo, fraude, multas, sanciones, incumplimiento de obligaciones contractuales, reclamaciones de personas aseguradas (sí quedan garantizadas las reclamaciones en condición de accionista si no representa más del 50% del capital social) y reclamación de la Sociedad contra los administradores de la sociedad filial.
Tampoco se garantizan todos aquellos supuestos que deban garantizarse por otro tipo de pólizas tales como pólizas de Responsabilidad Civil de la explotación de la actividad propia de la empresa, RC Patronal, RC Producto, etc…

¿Quién está Asegurado?
• Administradores y directivos presentes, pasados o futuros
• Empleados, en relación con las Reclamaciones en Materia Laboral

¿Los directivos de las sociedades filiales son asegurados?
Sí. Siempre que la sociedad tomadora del seguro controle la composición del órgano de administración o más de la mitad de las acciones con derecho a voto o posea más de la mitad del capital en acciones.
Incluso aquellas sociedades que se vayan adquiriendo durante el Período de Seguro siempre que esté domiciliada fuera de Estados Unidos o Canadá o que el valor de su activo no exceda en conjunto del 20% de la Sociedad.

Ejemplos de siniestros
1. Una Sociedad Limitada, promotora inmobiliaria, interpuso acción social de responsabilidad contra su consejo de administración puesto que la sociedad había recibido ciertas cantidades en concepto de pagos anticipados para la construcción, pero no concertó los correspondientes contratos de seguro que garantizasen la devolución de dichos anticipos, como era legalmente exigible. Los administradores demandados fueron condenados a pagar una cantidad equivalente a los intereses que, de haberse contratado el seguro, habrían quedado cubiertos bajo el mismo.

2. Un comprador de acciones de una sociedad entabló acción individual contra los administradores de la sociedad por su negativa a reconocer su cualidad de accionista, lo cual le privó de poder ejercer el derecho de voto en una Junta General así como de percibir los dividendos correspondientes a un ejercicio. El Tribunal condenó a los administradores tanto al reconocimiento de la condición de socio del comprador como a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

3. Se entabló una acción de responsabilidad contra los administradores de una sociedad, quienes, teniendo conocimiento y tiempo para comprobar los problemas económicos por los que atravesaba la compañía, incumplieron la obligación de convocar la Junta General para acordar la disolución de la misma. Los administradores fueron condenados, solidariamente con la sociedad, al pago de las deudas de ésta.

4. Los empleados de una empresa hotelera solicitaron la declaración de concurso culpable de la sociedad. El juzgado de lo Mercantil estimó que en el concurso debía efectivamente declararse culpable pues los administradores no habían solicitado la declaración de concurso en el plazo de dos meses legalmente previsto al efecto. La Sentencia condenó a los administradores al pago del déficit patrimonial de la sociedad.

5. Un administrador fue condenado subsidiariamente al pago de los importes correspondientes a diversas autoliquidaciones de IRPF, retenciones de trabajo personal e IVA, así como a los correspondientes intereses de demora, sobre la base de que la sociedad había cesado en la actividad, dejó de presentar regularmente sus declaraciones tributarias, y el administrador no promovió la disolución y liquidación de la sociedad.

 

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